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La comunidad bahá’í celebra el reconocimiento unánime otorgado al pueblo gitano

—Madrid, 21 de marzo de 2017—. Este mes de marzo de 2017, el Congreso de los Diputados, por unanimidad de los diferentes Grupos Parlamentarios, pide al Gobierno un reconocimiento oficial de la simbología que representa al Pueblo Gitano en España.

La comunidad bahá’í española recibe con una gran alegría la noticia de que, a través de una Proposición no de Ley, «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el 8 de abril como Día del Pueblo Gitano, reconociendo la bandera gitana azul y verde con una rueda roja de 16 radios y el “Gelem Gelem” como himno del Pueblo Gitano, con la finalidad de que estos símbolos puedan ser utilizados protocolariamente en las conmemoraciones, actos y eventos institucionales relativos al Pueblo Gitano».

Después de una larga lista de leyes y actos discriminatorios ejercidos sobre los gitanos por parte de diferentes entidades en España durante siglos, este evento histórico culmina una etapa de conquistas y logros que viene recogiendo la comunidad gitana mediante la directa implicación en la creación de sus propias instituciones organizativas así como de la implantación de un movimiento de asociacionismo participativo, plataformas desde las cuales se han llevado a cabo proyectos que han coordinado todo el trabajo de desarrollo y defensa de los derechos de este pueblo a lo largo de muchos años en nuestro país.

Un principio fundamental para la paz y el bienestar de las naciones parece ser el lograr la unificación de todos los pueblos del mundo en igualdad, en completa armonía, dignidad y libertad. El objetivo de una nueva política sería contribuir a que la unidad de todos los pueblos y naciones pueda llegar a ser una realidad y propiciar que esta unidad se materialice como resultado de la especial aportación de cada grupo humano, y de cada individuo, a la consecución de una sociedad mejor y más justa. En esta línea, la comunidad bahá’í considera este reconocimiento al Pueblo Gitano en España como un logro social de suma importancia que le coloca, al menos en el plano simbólico, en el lugar que le corresponde en el seno de la sociedad española, ya que le hace partícipe, junto al resto de pueblos que conforman el estado español, del progreso social del conjunto del país.

Los escritos bahá’ís dicen que la justicia, vista desde una perspectiva espiritual, no es limitada, es una cualidad universal, una fuerza incrustada en la estructura del universo y su acción debe aplicarse sobre todas las clases sociales. Esta puede considerarse sagrada y una de sus implicaciones más directas es tomar en consideración los derechos de todos los pueblos. Justicia es ver al otro como un ser de igual valor e iguales potencialidades, con idénticos derechos y responsabilidades. Las gentes del mundo están llamadas a responsabilizarse de la manera en que hacen uso de sus capacidades para colaborar en el establecimiento de un orden social que demuestre su valor mediante los frutos que produzca, en términos del progreso, la felicidad y el bienestar de todos. El que un pueblo adquiera la oportunidad de dar un nuevo ímpetu al proceso de avance de la civilización, es lo que le confiere la mayor dignidad.

La evolución más visible de la civilización en sus aspectos materiales, tecnológicos, artísticos o políticos, puede verse como el resultado de la evolución espiritual, los valores, la cosmovisión, los acuerdos intersubjetivos que proporcionan el vigor externo. A medida que van desplegándose nuevas potencialidades y poderes puede establecerse un nuevo sistema de relaciones ordenadas, que requiere de cambios en la estructura social. El estado nacional moderno puede aparecer ahora como un unificador de razas y pueblos diversos. Cada vez está más arraigado en el conjunto de la ciudadanía mundial el concepto de unidad en diversidad y la dimensión universal de los derechos humanos. Debe mantenerse un patrón equitativo de derechos humanos y darse iguales oportunidades a los individuos y a los grupos sociales. La variedad y no la uniformidad parece ser el principio de una sociedad orgánica. La falta de oportunidad, la represión y las condiciones degradantes, han creado masas de personas cuyas capacidades de ejercer sus funciones como ciudadanos han sido mermadas y ello ha de recaer como un deber moral sobre la conciencia del resto, para instruir al iletrado, empoderar al excluido y sanar al enfermo. Así versan las tradiciones religiosas de la humanidad, de las que la comunidad bahá’í también se hace eco.

Con este hecho del que hoy nos congratulamos, se observa una maduración en el abordaje del tema de la cuestión gitana española y resaltamos, precisamente, algunos puntos reflejados en las distintas exposiciones de los grupos parlamentarios: el reconocimiento de la situación de opresión que ha venido padeciendo desde centurias la comunidad gitana, en especial, en este caso, la comunidad gitana española; la necesidad de utilizar un enfoque basado en los derechos fundamentales, desde instancias constitucionales, para aportar soluciones a su situación actual, en lugar de un tratamiento intervencionista y de asistencia social como se ha venido haciendo hasta ahora; incluso, cabría resaltar un tercer punto donde se admite que el no reconocimiento al pueblo gitano como sujeto histórico lleva a plantear una propuesta al Estado para pedir perdón por el daño causado a este pueblo ignorado durante tanto tiempo en España.