—Madrid, 6 de enero de 2018—. El 2 de enero de 2018, el Tribunal Penal Especializado en Sana’a, Yemen ha emitido un dictamen sin precedentes en la historia de la persecución de los bahá’ís en Yemen al condenar a Hamed bin Haydara a muerte por razón de sus creencias religiosas. Además, ha decretado la disolución de todas las instituciones bahá’ís. Tanto los demás presos bahá’ís como la comunidad bahá’í Yemení en su conjunto se encuentra en una situación de peligro inminente.
Después de cuatro años de prisión, se celebró finalmente el último juicio de un dilatado proceso judicial, al cual se impidió que asistiera deliberadamente el propio acusado. El juez, Abdu Ismail Hassan Rajeh ordenó la ejecución de Hamed bin Haydara y la confiscación de todos sus bienes bajo el pretexto de que el condenado había estado en comunicado con la Casa Universal de Justicia —máximo órgano de gobierno bahá’í, situado en Israel—. El veredicto requiere que la ejecución, de fecha desconocida, sea llevada a cabo en público. Asimismo, la sentencia decreta el desmantelamiento de las instituciones bahá’ís, tal como se hizo en Irán en la década de los ochenta. El abogado defensor inmediatamente recurrió la sentencia.
«No tiene precedente y es profundamente alarmante las medidas opresivas dirigidas contra el señor Haydara y los bahá’ís de Yemen en su conjunto. Queda patente la influencia del gobierno de Irán en esta persecución» declara Bani Dugal, Principal Representante de la Comunidad Bahá’í Internacional ante las Naciones Unidas «Apelamos a las autoridades Houthi a respetar la justicia y revocar esta sentencia, así como liberar inmediatamente al señor Haydara y a los demás presos bahá’ís. Solicitamos que la comunidad internacional se pronuncie contra esta resolución e impida que se perpetren mayores atrocidades contra los restantes presos bahá’ís y los miles de yemenís bahá’ís».
Haydara fue arbitrariamente arrestado en su lugar de trabajo el 3 de diciembre de 2013 y permaneció detenido durante meses en Sana’a, Yemen. A la vez que se le sometió repetidamente a tortura, fue forzado a firmar papeles con los ojos vendados y se le prohibió recibir visitas —incluso de su mujer e hijas—. Después de su detención, su casa fue registrada y su ordenador y varios documentos fueron confiscados por la Oficina de Seguridad Nacional. A lo largo de los cuatro años de encarcelamiento, se le ha denegado repetidamente el tratamiento médico necesario para atender ciertas condiciones desarrolladas como resultado de la tortura recibida. En unas declaraciones recientes, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África manifestó que «esta condena es resultado de un proceso fundamentalmente defectuoso que incluyó cargos falsos, un juicio injusto y denuncias creíbles de que Hamid Haydara fue sometido a tortura y malos tratos bajo custodia».
La primera audiencia se celebro el 18 de enero de 2015, más de un año después de su detención y a la que tampoco se le permitió asistir. No fue hasta ese momento que se formalizaron los cargos contra él, los cuales resultaron ser infundados y absurdos. Desde entonces, más de la mitad de los cuarenta juicios que le prosiguieron fueron cancelados bajo pretextos diversos, desde la indisposición a la ausencia injustificada del juez. Cabe señalar que ninguna prueba sustancial ha sido presentada durante el procedimiento, hecho que el propio juez ha sido señalado en varias ocasiones en las audiencias a la acusación. Este reconocimiento de la falta de pruebas fue seguida sorprendentemente por el fallo del juez el 2 de enero de 2018 de ejecutar a Haydara. «Las autoridades huzíes deben anular inmediatamente la condena a muerte impuesta a Hamid Haydara, preso de conciencia a quien se ha juzgado por sus convicciones profundas y actividades pacíficas como miembro de la comunidad bahá’í» añadió Philip Luther en su declaración.
Violaciones flagrantes de derechos humanos básicos de los bahá’ís en Yemen ha sido documentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, y el Consejo de Derechos Humanos, así como organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (por ejemplo, respecto a la ola de detenciones en abril de 2017 y la liberación de Haydara).