NUEVA YORK – 1 de julio de 2015 – El reciente cierre punitivo de tiendas de bahá’ís en cuatro ciudades iraníes por las autoridades, después de que sus propietarios cerraran sus comercios en observancia de los días sagrados bahá’ís, es sólo el último en una serie de esfuerzos emprendidos por el gobierno de Irán para destruir el sustento económico de sus ciudadanos bahá’ís.
La persecución económica contra la comunidad bahá’í de Irán incluye la privación de todo tipo de empleos gubernamentales, desde la educación, pasando por otros trabajos en el servicio público, hasta restricciones severas en los tipos de comercios que los bahá’ís pueden emprender, redadas frecuentes y cierre de tiendas y comercios de bahá’ís, y esfuerzos por persuadir a las empresas de musulmanes de despedir a empleados bahá’ís.
Desde 2005, por ejemplo, la Comunidad Internacional Bahá’í ha registrado al menos 650 incidentes en la persecución económica contra los bahá’ís de Irán. Estos incidentes han ocurrido en prácticamente todas las provincias. El dato real es indudablemente más elevado, dada la dificultad de obtener información exacta en cuanto a la violación de derechos humanos de Irán.
«El elevado número de incidentes, su amplio rango geográfico y sus características, demuestran que hay una campaña oficial, y dirigida por los altos cargos del gobierno para privar a los bahá’ís iraníes de sus sustento económico», dijo Bani Dugal, la principal portavoz de la Comunidad Bahá’í Internacional en las Naciones Unidas.
«El alcance de esta campaña incluye no sólo el cierre de tiendas y restricciones en tipos de empleo, sino también el acoso diario, la imposición de multas, la negación del acceso a la educación, y la incitación general al odio contra los bahá’ís que desanima a los clientes a frecuentar los comercios de los bahá’ís. Esta propaganda contra los bahá’ís también ha causado incendios provocados a tiendas y comercios bahá’ís que han salido impunes.
«El propósito general de este esfuerzo es aparentemente el de eliminar cualquier vía por la que los bahá’ís puedan vivir dignamente, pero sin llamar mucho la atención internacional», dijo la Sra. Dugal. «Lo que Irán está haciendo es claramente ilegal bajo las leyes internacionales, las cuales exigen la no discriminación de empleo y de derechos económicos.»
Cuando se pregunta en fórums internacionales, los representantes del gobierno niegan que los bahá’ís sean objeto de discriminación oficial. Pero hay memorándums del gobierno y documentos políticos que demuestran lo contrario.
El más significativo es el memorándum de 1991, firmado por el líder supremo Ali Khamenei12, el cual describe una serie de medidas represivas que se debían tomar contra los bahá’ís para «bloquear» su desarrollo, incluyendo restricciones en educación y actividad económica, tales como: «No darles trabajo si se identifican como bahá’ís».
Más recientemente, el 9 de abril de 2007, la Oficina de Supervisión de Puestos Públicos emitió una carta a los jefes de policía en todo el país indicando que a los bahá’ís no se les expidan permisos de trabajo en un amplio abanico de industrias, incluyendo hostelería y turismo, la industria alimentaria, joyería, industria editorial y comercios relacionados con la informática e Internet. Parece ser que recientemente, la optometría ha sido añadida a esta lista.
Incidentes recientes muestran que estas políticas siguen en vigor:
- En 2014, las autoridades de Isfahán supuestamente visitaron más de diez tiendas de bahá’ís y les amenazaron con cerrarlas si los propietarios observaban los días sagrados importantes bahá’ís en abril del mismo año.
- En 2014, agentes de la Guardia Revolucionaria prohibieron a los agricultores bahá’ís cosechar sus cultivos en una zona rural cerca de Semnán. El año anterior, esta acción resultó en la pérdida de una gran cosecha. En respuesta a una protesta de uno de los propietarios que quería entrar en sus campos, uno de los agentes dijo que sólo se irían cuando los cultivos se hubieran podrido.
- A finales de 2013, al menos 16 tiendas en Tonekabon fueron selladas. Estas incluían un amplio rango de pequeños comercios, tales como tiendas de ropa, costura, frigoríficos y sistemas de alarma, y una tienda de reparación de televisiones.
- A finales de 2012, una importante distribuidora de productos higiénicos perteneciente a bahá’ís de Teherán fue sellada por las autoridades, resultando en el despido de 70 empleados, muchos de los cuales no eran bahá’ís.
- En mayo de 2012, los agentes de inteligencia realizaron redadas y cerraron dos fábricas en Semnán cuyos propietarios o bien en parte o todos eran bahá’ís. Una fabricaba persianas verticales y contaba con 51 empleados, 36 de los cuales no eran bahá’ís. La otra, una fábrica de lentes, tenía dos empleados bahá’ís y otros seis más.
- A principios de 2009, la Cámara de Comercio de Semnán, junto con 39 miembros de sindicatos, cesaron de expedir licencias de comercios a bahá’ís. En los meses siguientes, hasta mediados del 2012, más de 27 comercios dirigidos por bahá’ís fueron cerrados, dejando a más de 110 familias sin ingresos.
Estos cierres o privaciones han estado acompañados en todo el país por ataques anónimos a comercios y propiedades bahá’ís, los cuales desalientan nuevas actividades económicas.
En 2010, por ejemplo, al menos una docena de tiendas de bahá’ís en Rafsanjan fueron objeto de incendios provocados. A los ataques les precedió una carta amenazante, con copias a 20 casas y comercios bahá’ís, avisándoles de que evitaran la «amistad con musulmanes» y de que no «contrataran o usaran a musulmanes formados».
En 2009, al menos tres tiendas de bahá’ís en Semnán fueron bombardeadas, algunas de ellas varias veces. Otras tiendas bahá’ís en el país han sido pintadas con grafitis contra los bahá’ís o vandalizadas en los últimos años.
Estos y otros ataques anónimos a comercios bahá’ís han ocurrido en medio de una campaña promovida por el gobierno para incitar odio contra los bahá’ís, marcada por numerosos artículos o emisiones en medios de comunicación estatales o afiliados con el Estado. En el período de enero de 2014 a mayo de 2015 se divulgaron más de 6.000 artículos, vídeos o páginas web contra los bahá’ís por personas en medios de comunicación oficiales o parcialmente oficiales en Irán.
El prolongado esfuerzo del gobierno por negar a los bahá’ís la educación superior, lo cual ha privado a miles de jóvenes bahá’ís del acceso a la universidad o escuela superior, también ha tenido un impacto importante, marginando a los jóvenes bahá’ís a trabajos poco remunerados o al desempleo.
La historia de la presión económica contra los bahá’ís de Irán
Los esfuerzos por privar a los bahá’ís de un sustento digno para sí mismos y sus familias empezó poco después de la Revolución Islámica de 1979 cuando el gobierno embargó numerosas propiedades e instituciones de la comunidad bahá’í. Estas incluían edificios dedicados a reuniones y a la oración, cementerios, lugares sagrados relacionados con los Fundadores de la Fe, y un gran hospital en Teherán.
El gobierno también confiscó o congeló los activos de varios fondos de comunidades bahá’ís e instituciones de ahorro en 1979. Aproximadamente 15.000 bahá’ís perdieron sus ahorros en estos embargos.
En 1980, el gobierno empezó a despedir a los bahá’ís de los empleos del sector público. Miles de bahá’ís de la educación pública, oficinas de gobierno, hospitales y otras instituciones gubernamentales perdieron su trabajo. Antes de ser despedidos, se les pidió a muchos que se convirtieran al islam y fueron despedidos por «tener creencias contrarias al islam» después de que rechazaran retractarse de sus creencias. La expulsión de los bahá’ís del sector público se hizo oficial en 1981. Muchos bahá’ís también vieron sus pensiones gubernamentales anuladas o paradas.
A lo largo de los años ochenta, varios comercios o fábricas grandes de bahá’ís fueron confiscadas o cerradas. Un ejemplo entre otros muchos fue la confiscación en 1981/82 de una gran fábrica automática de ladrillos, cuyo dueño y director era Jamaloddin Khanjani, uno de los siete líderes bahá’ís que todavía están cumpliendo una condena de 20 años de cárcel por sus creencias religiosas. La fábrica del Sr. Khanjani contaba con varios cientos de empleados, y todos sus trabajadores bahá’ís fueron despedidos después de que el gobierno la embargara.
Numerosos bahá’ís también han visto sus casas o propiedades confiscadas. Un informe del 2006 de Miloon Kothari, el entonces relator especial de las Naciones Unidas en viviendas adecuadas, dijo que el gobierno de Irán había embargado al menos 640 propiedades de bahá’ís desde 1980.
«Con una discriminación y persecución así afectando a los bahá’ís en todos los sectores de la economía, no cabe duda de que la campaña de Irán de privar a los bahá’ís de su sustento es de naturaleza sistemática, y está dirigida desde los niveles más altos del gobierno», dijo la Srta. Dugal.