Oficina de Asuntos Públicos

Noticias y notas de prensa

España avanza hacia el objetivo «hambre cero»

—Madrid, 6 de octubre de 2018—. A un mes de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, representantes políticos y organizaciones civiles intentan propulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con la constitución de una Alianza Parlamentaria y un Observatorio Nacional en España.

Una de cada nueve personas en el mundo no tiene la suficiente alimentación como para llevar adelante una vida saludable y activa y aquí también hay hambre. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 28,6% de la población española está en riesgo de exclusión social y tiene problemas para cubrir sus necesidades básicas.

Para abordar esta grave situación, representantes políticos, académicos y organizaciones civiles, junto con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en España, han celebrado en el Congreso de los Diputados dos actividades que pretenden influir de manera directa sobre la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

A través de un acuerdo histórico, el Congreso y el Senado han conformado una Alianza Parlamentaria en favor del Derecho a la Alimentación —integrada por más de 160 senadores y parlamentarios pertenecientes a ocho grupos políticos— en la que sus miembros se comprometen con el logro del Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible y así acabar con el hambre en España. Ignacio Trueba, representante especial de la FAO en España, destacó que «Todos los grupos políticos han trabajado juntos; han tenido como meta la Alianza que puede ser un primer paso para la futura política de desarrollo».

Pocos días después, el Congreso de los Diputados acogió la presentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación en España (ODA-E), entidad integrada por más de 30 organizaciones, mayoritariamente académicas, con los objetivos de diagnosticar y analizar la situación del derecho a la alimentación en el país, de estrechar lazos con otras organizaciones civiles e instituciones, crear un espacio de diálogo para solucionar aquellos problemas relacionadas con el derecho a la alimentación, y de dotar a los actores de herramientas jurídicas necesarias para abordar este problema.

«La comunidad bahá’í, como organización comprometida con la mejora de la gobernanza local y de la gobernanza económica, también ha querido formar parte del observatorio», exponía Leila Sant, representante de la Oficina de Asuntos Públicos de la comunidad bahá’í de España en el Observatorio. «Erradicar la pobreza es un objetivo que requiere la colaboración entre el mundo de la política, de las organizaciones civiles, del sector empresarial, de la academia y de las comunidades religiosas, estas últimas como grupo que ha de ser especialmente sensible a esta problemática que puede considerarse incluso un asunto de fe».

«Hay una voluntad y un compromiso para hacer realidad el derecho a la alimentación», afirmó Guadalupe Valdez, Embajadora Especial Hambre Cero de la FAO en la región de América Latina y el Caribe. «La puesta en común, estos espacios, ayudan a avanzar hacia la realización del Derecho a la alimentación”. En sus observaciones, Valdez recalcaba la necesidad de abogar por marcos jurídicos y legales que se preocupen por la salud de las personas aunque también advirtió que «El problema del derecho a la alimentación no solo es un problema técnico, sino también político».

La Embajadora Especial de la FAO concluyó haciendo referencia a la Iniciativa Legislativa Municipal en favor del reconocimiento al derecho a la alimentación, impulsada por el ayuntamiento de Madrid.

Estas iniciativas adquieren especial relevancia de cara a la primera Cubre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, que tendrá lugar próximamente en Madrid a finales de este mes, y en el que el Senado ejercerá de anfitrión.