—Madrid, 29 de mayo de 2019—. La III Conferencia contra el Hambre se celebró con el apoyo de las 40 organizaciones que componen la plataforma Carta contra el Hambre y del Ayuntamiento de Getafe, y permitió que personalidades del mundo de la política, la academia y la sociedad civil reflexionaran sobre el futuro de la situación alimentaria en la Comunidad de Madrid.

Cartel de la III Conferencia contra el Hambre

Después de cuatro años de recorrido, un documento de compromiso por parte de los principales partidos políticos —denominado Pacto contra el Hambre—, dos conferencias contra el hambre y numerosos esfuerzos, queda aún mucho trabajo para mejorar la situación alimentaria en la Comunidad de Madrid.

Es así como las 40 asociaciones que componen Carta contra el Hambre, con el apoyo del Ayuntamiento de Getafe, varias universidades —Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos—, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y personalidades de reconocido prestigio, tales como Sara Hernández Barroso, alcaldesa de Getafe, o Carlos Berzosa, antiguo rector de la Universidad Complutense, han colaborado en el desarrollo de la III Conferencia contra el Hambre.

La propuesta de Ley de Garantía del Derecho a la Alimentación en la Comunidad de Madrid prevé alcanzar el reconocimiento del derecho a la alimentación y su articulación efectiva a través de los municipios. Para ello, recoge una serie de medidas, a saber, la creación de un fondo de emergencia alimentaria, la elaboración de planes municipales, centros de cultura alimentaria y la puesta en marcha de un Observatorio para la garantía del derecho a la alimentación.

El evento se centró en gran medida en la presentación del proyecto de Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación, figura contemplada en el Proyecto de Ley. «El observatorio pretende arrojar luz sobre cuestiones relativas al derecho a la alimentación, así como crear avenidas constructivas en la dirección de encontrar nuevos modelos de gobernanza, desarrollo, y organización política, social y económica local sostenibles», señala Sergio García, miembro del Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación en la Comunidad de Madrid.

La experiencia en otros países y en España parece indicar que los observatorios de derecho a la alimentación son una herramienta útil para crear espacios de reflexión, información e impulso para garantizar este derecho. A la espera de su aprobación, el anteproyecto de Ley confiere al Observatorio en su artículo noveno las funciones de investigar la situación alimentaria de las personas que residen en la Comunidad de Madrid; evaluar los resultados obtenidos en relación con la aplicación de la Ley conforme a sus principios; y publicar y difundir los aprendizajes y resultados obtenidos de las medidas destinadas a garantizar el derecho a la alimentación.

«Para poder tener impacto se requiere abordar el derecho a la alimentación desde una perspectiva holística y evitar la fragmentación», subrayó Leila Sant, miembro de Carta contra el Hambre en representación de la comunidad bahá’í de España. «Por su impacto, hay ciertos principios que deberían tomarse en consideración a la hora de diseñar las políticas públicas, como son el aprendizaje colectivo, la participación y la creación de capacidad».

A través de estos principios, los individuos, los grupos o comunidades y las instituciones emprenderían un proceso de aprendizaje colectivo sobre el derecho a la alimentación que tuviera en cuenta las fases de producción, distribución, y comercialización de los alimentos. Así, como consecuencia de esto, la comunidad geográficamente localizada donde se llevan a cabo los procesos de producción y comercialización ganaría relevancia, a la vez que las instituciones tendrían la función de canalizar y colaborar con todo este aprendizaje y participación.

Durante la conferencia también se examinó el rol de la participación. A este respecto, Leila Sant señalaba en su comunicación: «El concepto de participación que tanto está de moda, se manifiesta de forma superficial, puntual y carente de mucho significado, ya que la verdadera participación implica el esfuerzo por incorporar a segmentos más grandes de la población en procesos de aprendizaje colectivos acerca del sendero de desarrollo que estos quieran seguir; la participación en la generación, difusión y aplicación del conocimiento sobre cómo avanzar hacia la soberanía alimentaria».

El Observatorio se estructura organizacionalmente alrededor de diferentes capas y espacios, por lo que no se pretende que sea un centro vanguardista de expertos. El Consejo de gobierno, esbozado en los estatutos, incluye a aquellas organizaciones públicas y privadas relevantes para el derecho a la alimentación, así como a grupos políticos de diferente signo. Por último, una red amplia conformada por organizaciones afines tendrá la función de aportar información y distribuir las conclusiones del Observatorio.