La pandemia no ha frenado la persecución que sufre históricamente, casi desde sus orígenes, la comunidad bahá’í en Irán. En este país es la minoría religiosa no musulmana más numerosa. Esta persecución contra los creyentes bahá’ís en Irán adquiere una especial virulencia a partir del año 1983, en que fueron prohibidas por el gobierno todas las instituciones bahá’ís y ejecutados sus principales dirigentes. Desde entonces la vulneración de derechos ha sido constante: encarcelamientos, arrestos y juicios totalmente arbitrarios. Una comunidad discriminada a la hora de acceder a la función pública, que ve restringido su derecho a la educación superior, que sufre la confiscación de propiedades y la profanación de sus cementerios.

En los últimos días de mayo, quince bahá’ís de diferentes ciudades de Irán han sido detenidos injustamente, condenados a largas penas de prisión bajo las absurdas acusaciones de que sus esfuerzos en la esfera del medio ambiente o la educación de los niños constituían «propaganda» o «formación de grupos contra el régimen». Además, dos bahá’ís que habían sido liberados debido a la pandemia del coronavirus, han sido obligados a volver a prisión exponiéndose a la enfermedad, a pesar de las llamadas internacionales para que se libere a los presos de conciencia en Irán por los riesgos asociados a la propagación de la infección dentro de las cárceles.

El Ayuntamiento de Terrassa aprobó en marzo de 2009 un acuerdo de junta de portavoces expresando su solidaridad con la comunidad bahá’í en Irán. Y, desgraciadamente, tenemos que volver a hacerlo ahora, en el año 2020, ya que la vulneración de derechos sigue siendo muy preocupante. Una comunidad, la bahá’í, con fuertes vínculos en nuestra ciudad donde se instalaron en los años 50 y plenamente integrada en la vida social y cultural de la ciudad.

El compromiso de Terrassa con los Derechos Humanos y, especialmente, con la libertad religiosa viene de lejos. En 2010 se creaba en la ciudad el primer Consejo Interreligioso local de Cataluña formado por la Iglesia católica, la comunidad musulmana, la comunidad bahá’í y las Iglesias evangélicas. Un Consejo al que más tarde se incorporaría la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una entidad que trabaja para fomentar el conocimiento y el trabajo conjunto entre las diversas confesiones religiosas que conviven en la ciudad y siempre dispuesto a denunciar la vulneración de derechos allí donde convenga.

Por todos estos motivos, la Junta de Portavoces adopta los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO- Manifestar que el respeto a la libertad religiosa y a las creencias de las personas, así como la posibilidad de manifestarse tanto en público como en privado, es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que debe garantizar cualquier estado democrático.

SEGUNDO- El Ayuntamiento de Terrassa expresa su solidaridad con las personas perseguidas en la República Islámica de Irán por profesar la Fe bahá’í y con todas aquellas comunidades religiosas perseguidas en todo el mundo por sus creencias.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Terrassa se adhiere a la campaña titulada Confinamiento Permanente, impulsada por el Comité de Solidaridad con la Comunidad Bahá’í, en la que se insta al Congreso de los Diputados a aprobar una Proposición no de ley pidiendo que detenga esta persecución.

CUARTO.- Trasladar este acuerdo al Parlamento de Cataluña, en el Congreso, el Comité de Solidaridad con la Comunidad Bahá’í, al Consejo Interreligioso de Terrassa y en la Comunidad Bahá’í de Terrassa.