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El ex Primer Ministro canadiense pide que se detenga la persecución de los bahá’ís en Irán.

—Madrid, 11 de febrero de 2021—. El ex Primer Ministro canadiense y los profesionales de alto rango de la jurisdicción piden al presidente del Poder Judicial iraní, Ebrahim Raisi, que detenga la persecución de los bahá’ís en Irán.

El ex primer Ministro canadiense, Brian Mulroney, junto a un grupo de más de 50 profesionales judiciales de alto rango, incluidos ex jueces del Tribunal Supremo de Canadá, Ministros de Justicia canadienses, destacados magistrados y abogados, han escrito una carta abierta  al presidente del Poder Judicial de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi. La carta expresa profunda preocupación por las «nuevas e intensas violaciones» de los derechos humanos de la comunidad bahá’í del país. Condena específicamente un fallo judicial reciente para confiscar propiedades bahá’ís en Ivel, una aldea en el norte de Irán.

«Los miembros de la Fe bahá’í han sido perseguidos en Irán desde el establecimiento de la Fe, hace más de 170 años», dice la carta. «Bajo el actual gobierno iraní, los bahá’ís han experimentado allanamientos domiciliarios, ataques a propiedades, confiscación de posesiones, despidos, denegación de acceso a la educación superior, encarcelamientos y ejecuciones. Los bahá’ís han buscado soluciones legales, pero con poco resultado».

La avalancha de apoyo sin precedentes se produce después de que las autoridades iraníes confiscaron injustamente las propiedades de los bahá’ís en Ivel. Las confiscaciones, que se han producido únicamente por motivos religiosos, han dejado a decenas de familias desplazadas internamente y empobrecidas económicamente.

El artículo 49 de la Constitución iraní, que fue utilizado por sus tribunales para justificar las confiscaciones en un fallo final en octubre de 2020, requiere que el gobierno pruebe la legitimidad de dichas confiscaciones bajo la ley islámica. A pesar de este requisito, numerosos documentos oficiales revelan inequívocamente el prejuicio religioso como el único motivo detrás de las mismas. Algunos registros muestran, por ejemplo, que se les dijo a los bahá’ís que si se convertían al Islam, entonces se les devolverían sus propiedades.

«Las sentencias de 2020 establecen ahora un peligroso precedente constitucional de confiscación judicialmente sancionada que anula los intereses legítimos de propiedad basados únicamente en la afiliación religiosa de los propietarios, apartándose así no solo de las normas internacionales de derechos humanos sino también del texto y la intención de la propia constitución iraní», afirma la carta al Presidente del Poder Judicial, Raisi.

La discriminación religiosa contra la comunidad bahá’í, afirma además, «puede proporcionar bases sólidas para el enjuiciamiento de las autoridades de Irán ante los tribunales penales internacionales y otras instituciones internacionales».

A pesar de los repetidos intentos de los bahá’ís en Ivel de apelar por sus derechos, sus abogados no tuvieron la oportunidad de ver documentos judiciales para preparar una defensa o presentar argumentos.

La situación en Ivel es un «nuevo capítulo alarmante» en la persecución, dice la carta, señalando que la comunidad bahá’í de Ivel, que data de mediados del siglo XIX, fue una vez una «comunidad multigeneracional próspera y pacífica … de agricultores y propietarios de pequeñas empresas». Pero desde la Revolución Islámica de 1979, los bahá’ís de Ivel han sido «obligados a abandonar sus hogares, encarcelados, acosados y sus propiedades incendiadas y demolidas».

«Esta carta de destacadas figuras judiciales demuestra que el trato cruel infligido a los bahá’ís por las autoridades iraníes no ha pasado desapercibido para la Comunidad Internacional», dice Diane Ala’i, Representante de la Comunidad Internacional Bahá’í en Las Naciones Unidas en Ginebra. «En cambio, ha servido para galvanizar la conciencia pública en todo el mundo».

«Sabemos que la Fe bahá’í defiende los valores de paz, justicia y unidad, valores que han sido objeto de ataques sostenidos por las autoridades iraníes durante décadas», dice la carta en sus comentarios finales. «Hoy, como miembros de órganos judiciales canadiense que creemos en el estado de derecho, también apoyamos a los bahá’ís de Irán y le pedimos, como jefe del poder judicial iraní, que aborde este nuevo abuso infligido a los bahá’ís de Ivel».

Antecedentes:

  • Los bahá’ís son la minoría religiosa no musulmana más numerosa  de Irán y han sido el objetivo de 42 años de persecución sistemática por parte del Estado, documentada ampliamente por las Naciones Unidas.
  • La confiscación de propiedades bahá’ís, tanto los lugares sagrados como propiedades individuales, ha sido parte de la campaña sistemática de persecución económica, cultural y social de Irán contra los bahá’ís, esforzándose durante cuatro décadas para destruir a la comunidad bahá’í como una entidad viable en el país.
  • Las expropiaciones en Ivel, que afectaron a 27 bahá’ís, fueron emitidas el 1 de agosto de 2020 por el juez Hasan Babaie y confirmadas en un tribunal de apelaciones el 13 de octubre de 2020 por el juez Mohammad Sadegh Savadkouhi.
  • En 2010, las casas de unos 50 bahá’ís en Ivel fueron incendiadas y demolidas, lo que los alejó de sus granjas y hogares ancestrales.
  • Los bahá’ís de Ivel han residido en la aldea durante más de un siglo y medio, desde poco después del establecimiento de la Fe bahá’í, viviendo al lado de sus vecinos musulmanes en relativa armonía y contribuyendo enormemente al progreso social del pueblo. Los bahá’ís también ayudaron a establecer escuelas e instituciones de salud y desempeñaron un papel importante en el fortalecimiento de la agricultura de la zona.
  • A los bahá’ís también se les ha negado anteriormente el acceso a las clínicas de salud y otras instituciones que ellos mismos habían ayudado a establecer en Ivel. Los maestros han encontrado varios medios para perseguir a los alumnos bahá’ís, incluso reprobándolos en sus exámenes; el centenario cementerio bahá’í  del pueblo fue confiscado y vendido para convertirlo en propiedad residencial; y en 1983, más de 130 bahá’ís fueron encerrados en una mezquita local, cautivos durante tres días sin comida ni agua, y se les dijo que se retractaran de su fe.
  • Los bahá’ís en Irán no pueden acceder al empleo público ni a las  universidades según la política iraní.  Sus tiendas se cierran y se sellan regularmente, son arrestados, encarcelados y liberados bajo grandes cantidades de fianza. Últimamente, una ola de confiscaciones y ataques contra sus activos y propiedades está amenazando sus medios de vida. En una carta abierta al presidente Rouhani en 2016, la Comunidad lnternacional bahá’í lo denominó un «apartheid económico» contra los bahá’ís, como un segmento de la población iraní.
  • Más recientemente, en noviembre de 2020, a pesar de un confinamiento nacional debido a la pandemia, más de un centenar de agentes del gobierno allanaron las tiendas y casas de decenas de bahá’ís en siete ciudades para exigir que entregaran sus títulos de propiedad.