—Madrid, 11 de marzo de 2021—. Autoridades, juristas y académicos españoles se unen a la campaña internacional para defender a los bahá’ís de Ivel (Irán) firmando una carta abierta dirigida al Presidente del Poder Judicial iraní, Ebrahim Raisi, por la creciente violación de los derechos humanos de la minoría religiosa.

El pasado mes de febrero la Comunidad Internacional Bahá’í lanzó la campaña #ItsTheirLand para arrojar luz sobre la situación de los bahá’ís de Ivel, un pueblo agrícola de la provincia de Mazandaran en el norte de Irán. 

En respuesta a la campaña, más de cien autoridades, juristas y académicos españoles, entre los que se encuentran los eurodiputados Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White y Gabriel Mato, así como figuras relevantes como Federico Mayor Zaragoza y personalidades defensoras del pluralismo y la libertad religiosa del panorama nacional, han firmado una carta abierta que denuncia la creciente violación de los derechos humanos de la minoría religiosa bahá’í en Irán.  

«La comunidad bahá’í en Irán, desafortunadamente, es uno de los objetivos prominentes de persecución del más prominente opresor, el régimen en Irán”, recordaba el Eurodiputado español Antonio López-Istúriz. 

Los bahá’ís de Ivel se dedican al cultivo de sus tierras agrícolas y pequeños negocios, tal y como lo hicieron sus antepasados desde el siglo XIX. Veintisiete familias durante años han buscado justicia en los tribunales por haber sido objeto de confiscaciones o incendio de sus casas y tierras de cultivo, simplemente por el hecho de ser bahá’ís. Hasta que el pasado octubre recibieron la sentencia que confirmaba la «ilegitimidad» de sus propiedades ancestrales. 

Dicha sentencia utiliza como argumento el Artículo 49 de la Constitución iraní, otorgándole una interpretación ficticia con el fin de legitimar una expropiación masiva. 

El mencionado artículo permite al gobierno confiscar propiedades «ilegítimas» que se hayan obtenido mediante «usura, usurpación, soborno, malversación, robo, apuestas, uso indebido de las dotaciones del gobierno islámico, uso indebido de contratos y transacciones gubernamentales, tierras no cultivadas y otras de carácter público, casas de mala reputación y otras fuentes ilegítimas». Razones, todas ellas no aplicables a las familias bahá’ís de Ivel.

Esta sentencia arbitraria podría servir de precedente constitucional que impediría cualquier intento de salvaguardar las propiedades de los bahá’ís a nivel nacional y que contribuiría, por ende, a una todavía mayor precariedad económica y social para los miembros de esta religión. 

«Lo que está pasando con los Bahá’ís de Irán es una clara acción arbitraria por parte de las autoridades iraníes que vulnera los Derechos humanos. Hay que solidarizarse con los Bahá’ís y denunciar la confiscación de sus propiedades, lo que les deja sin sus derechos de ciudadanía», dice Dolors Oller i Sala, Dra. en Derecho y Profesora en el ISCREB (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona).

A nivel mundial, se han levantado llamamientos de autoridades gubernamentales de países como Canadá, Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, declaraba sobre la preocupación de su gobierno por el fallo emitido e instaba a Irán a «eliminar todas las formas de discriminación basadas en la religión o las creencias». 

Los días 22 y 23 de febrero se organizó una tormenta de tuits en la que participaron decenas de miles de personas de distintos países del mundo pidiendo el cese de las expropiaciones y la devolución de sus casas y tierras a las 27 familias de Ivel. 

Además de la movilización ciudadana en Twitter, se organizaron webinars por iniciativa de varios eurodiputados en los que se invitaba a Irán a poner fin a la persecución de los bahá’ís. Tuvieron lugar tertulias y debates como la del pasado 13 de febrero en el Ateneo de Madrid sobre los costes de la discriminación religiosa. Y hubieron llamamientos directos de Enviados Especiales para la libertad religiosa y de creencias de diversos países europeos, declaraciones del Consejo Islámico Americano, del Consejo Canadiense de Imames, de líderes religiosos destacados en el Reino Unido y la India, del Centro de Recursos Legales de Sudáfrica, y de una extensa lista de ciudadanos de diversos continentes expresando su preocupación por la situación de los bahá’ís en Irán y, especialmente, los de la pequeña aldea de Ivel.