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Sale a la luz el perverso plan del Gobierno iraní para controlar y reprimir a los bahá’ís

—Madrid, 17 de marzo de 2021—. La Comunidad Internacional Bahá’í (CIB) manifiesta su consternación por el contenido de una disposición oficial iraní que ordena a las autoridades locales de la ciudad de Sari, en la provincia septentrional de Mazandarán, que «lleven a cabo controles estrictos» de los bahá’ís de la ciudad «para vigilar sus operaciones», y que introduzcan medidas para «identificar a los estudiantes bahá’ís» con el fin de «atraerlos al islam». La carta acaba de ser publicada por la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos en Irán (LDDHI) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Karim Lahidji, el presidente de la LDDHI y presidente de honor de la FIDH, afirmó: «Estas medidas reflejan la intensificación de la persecución del Gobierno iraní contra los seguidores de la Fe bahá’í. Contraviniendo las obligaciones legales internacionales de Irán, las autoridades los consideran herejes, prohíben su religión y califican la práctica de la Fe bahá’í de acto subversivo».

La disposición, fechada el 21 de septiembre de 2020, establece un «plan pormenorizado» para garantizar que la comunidad bahá’í sea «controlada exhaustivamente», lo que se aplica a sus «reuniones públicas y privadas», así como a «sus restantes actividades». El documento fue
emitido por la Comisión de Grupos Étnicos, Sectas y Religiones de Sari, que opera bajo la égida del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, un organismo presidido por el presidente de Irán y responsable de los temas de seguridad.

Un documento anterior emitido en 2016 por una comisión similar a escala provincial en Mazandarán ordenó un ataque económico selectivo contra los bahá’ís, lo que provocó el cierre masivo de comercios bahá’ís en toda la provincia. La orden fue aprobada por el ayatolá Ahmad Jannati en calidad de presidente del Consejo de Guardianes, el máximo órgano constitucional de Irán.

Diane Ala’i, representante de la Comunidad Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas en Ginebra, declaró: «Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que, aunque el último documento esté vinculado a un organismo local, tiene su origen en órganos gubernamentales al más alto
nivel, lo que nos hace pensar que se están produciendo reuniones y disposiciones similares en cuanto a los bahá’ís en todo Irán».

Wolfgang Kaleck, secretario general del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, también expresó su preocupación (en inglés) a raíz de este documento: «Este nuevo documento parece demostrar que, al menos a escala provincial, se han dado instrucciones de gran repercusión para imponer la exclusión definitiva de los bahá’ís de la esfera pública».

La Sra. Ala’i añadió que «Esta revelación nos trae a la memoria ejemplos pasados de la historia en los que los Gobiernos han controlado a las minorías con medidas draconianas antes de emprender acciones aún más perversas. Concuerda con décadas de leyes y políticas que han excluido a los bahá’ís de todos los sectores de la vida pública. Con este documento queda claro que el Gobierno está aplicando en este momento medidas que amenazan el derecho fundamental a la libertad de creencia de los bahá’ís».

El Departamento de Educación recibió la orden de «aumentar el nivel de alerta y sensibilización» entre los profesores y directores de las escuelas con respecto a «su trato hacia los estudiantes bahá’ís con el fin de atraerlos al islam».

«Las medidas respecto a los niños son especialmente alarmantes―afirma la Sra. Ala’i―. Delinear, en un documento oficial, planes específicos para cambiar las creencias de los niños es una violación descarada de los derechos humanos. No solo ataca la práctica individual de la religión, sino que se inmiscuye en el mundo interior y equivale a una coacción religiosa».

La policía local y provincial, el jefe del Departamento de Inteligencia de Sari, el comandante de la fuerza paramilitar local Basij, el director de Educación, los departamentos de Industria, Minería y Comercio, y de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo, así como funcionarios de escuelas y universidades, recibieron todos esta directriz.

«A pesar de las constantes declaraciones del Gobierno en las que afirma que los bahá’ís no son perseguidos por sus creencias, las autoridades iraníes han expuesto una vez más sus verdaderas intenciones en este documento ―apunta la Sra. Ala’i―. El Gobierno iraní debe anular inmediatamente esta nueva normativa.

»Tras cuatro décadas infructuosas de leyes y políticas destinadas a obligar a los bahá’ís a retractarse de su fe, ya es hora de que Irán cumpla con sus compromisos internacionales y conceda a los bahá’ís lo que solicitan: vivir libremente en Irán sin tener que renegar de sus creencias».

Antecedentes

  • Los bahá’ís son la principal minoría religiosa no musulmana de Irán y han sido perseguidos sistemáticamente durante 42 años, según ha informado extensamente Naciones Unidas. Más de 200 bahá’ís fueron ejecutados tras la Revolución Islámica de 1979 y desde la década de 1980 se les ha vetado el acceso a la educación superior y a los medios de subsistencia, han sido difamados en los medios de comunicación e incluso sus cementerios han sido profanados.
  • La persecución de los bahá’ís en Irán está ampliamente documentada en la página web Archivos de la persecución de los bahá’ís de Irán (en inglés).
  • En la reciente instrucción, también se ha pedido a los administradores universitarios que «mantuviesen» la prohibición a los bahá’ís de acceder a los estudios universitarios. Esto hace referencia a un memorando de 1991, firmado por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que pide que se «bloquee el progreso y el desarrollo» de los bahá’ís, y que esboza medidas para llevar a cabo este plan, entre ellas las relacionadas con el alumnado bahá’í al que se veta el acceso a las universidades y a los puestos de trabajo de la administración pública. La directriz también ordena realizar «controles» sobre las actividades comerciales bahá’ís en el mercado local.