—Madrid, 18 de diciembre de 2021—. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido al gobierno iraní que ponga fin a su discriminación de las minorías en Irán, incluida la comunidad bahá’í, la mayor minoría religiosa no musulmana de Irán. La votación confirma una resolución de la Tercera Comisión aprobada en noviembre.

La resolución, respaldada por la 76ª sesión de la Asamblea General y presentada por Canadá y otros 47 países co-patrocinadores, fue aprobada por 78 votos a favor, 31 en contra y 69 abstenciones.

«La comunidad internacional ha utilizado, una vez más, su más alto foro para pedir a la República Islámica de Irán, que cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos y respete los derechos de los bahá’ís», dijo Bani Dugal, representante principal de la Comunidad Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas. «Agradecemos este apoyo constante y esperamos que el gobierno iraní atienda este llamamiento».

Las resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Irán se han presentado y aprobado desde principios de la década de 1980, lo que la convierte en una de las preocupaciones más duraderas y preocupantes de la ONU en materia de derechos humanos. Los bahá’ís se enfrentan al acoso y la intimidación, a la detención arbitraria con incumplimiento de las garantías procesales, a la incitación al odio en los medios de comunicación y desde el púlpito, a la denegación de licencias comerciales y medios de vida, a la denegación de acceso a la educación superior y a la confiscación de propiedades.

En uno de los últimos incidentes, en la localidad de Kata, se subastaron públicamente, sin su permiso, trece tierras de cultivo irrigadas pertenecientes a bahá’ís. La subasta se produjo durante una grave escasez de agua en Irán, lo que puede haber sido uno de los pretextos de las autoridades, que durante años han intentado expropiar los bienes de los bahá’ís.

En los últimos meses también se ha informado de otros numerosos casos de persecución de bahá’ís en Irán —una constante desde la Revolución Islámica de 1979—. Se han confiscado tierras pertenecientes a bahá’ís en Semnan, Roshankouh e Ivel; han aumentado los artículos de propaganda de odio; han surgido nuevas pruebas de los prejuicios religiosos que motivan la política iraní de prohibir a los bahá’ís la educación superior; y han salido a la luz documentos oficiales que detallan las medidas ordenadas por los servicios de seguridad para reprimir a la comunidad bahá’í.

Votación de la Resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán.

La resolución, también hace referencia a las nuevas leyes del Código Penal iraní, los artículos 499  y 500, que criminalizan aún más la práctica religiosa de los bahá’ís, y que también afectan a los sufíes, a los ateos y a cualquier comunidad que tenga creecias no reconocidas por la Constitución iraní. El artículo 500, en particular, permite a los jueces imponer penas de hasta cinco años de prisión a cualquier bahá’í por compartir sus creencias con otros.

«Los bahá’ís no hacen proselitismo, pero la libertad de compartir las propias creencias con otros es un derecho inalienable en virtud de los principios de libertad de religión y creencia y una parte inseparable de la vida bahá’í», dijo la Sra. Dugal. «Irán debe actuar de acuerdo con esta última resolución de las Naciones Unidas respetando los derechos de los bahá’ís, incluido su derecho a seguir su fe y a compartirla con los demás».