—Madrid, 27 de julio 2023— Cuatro miembros de la comunidad bahá’í en Irán, Dª Shadi Shahidzadeh, D. Mansour Amini, D. Valiollah Ghedamian y D. Ataollah Zafar, han sido condenados a cinco años de prisión cada uno, por el cargo infundado de «pertenencia a grupos y actos ilegales con el fin de perturbar la seguridad del país». Tres de ellos se encargaban de administrar el cementerio bahá’í en Teherán y la señora Shadi solo había pedido a las autoridades información sobre el lugar donde había sido enterrada su abuela. Todo ello como consecuencia de no ceder ante la extorsión de un agente del Ministerio de Inteligencia quien se ha hecho con el control del cementerio bahá’í y viene exigiendo el pago de una tarifa exorbitante para dar permiso para el sepelio. 

Condenados a 5 años de prisión por no ceder al pago de injustas cantidades de dinero para obtener autorización para los entierros.

Este año, en medio del sufrimiento generalizado de los iraníes, y el aumento de pérdidas de vidas humanas, los funerales también se han visto afectados por prohibiciones, limitaciones y condiciones impuestas por las autoridades para dar digna sepultura a los muertos.

Los bahá’ís en Irán, la minoría religiosa no musulmana más numerosa del país, no han sido la excepción,»Sufren persecución desde la cuna hasta la tumba y más allá” , como ha señalado el antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, Heiner Bielefeldt.

A principios de abril, la Comunidad Internacional Bahá’í informó que, en un acto descarado y bárbaro, Masoud Momeni, agente del Ministerio de Inteligencia, quien se ha hecho con el control del cementerio propiedad de los bahá’ís en Teherán, decidió comenzar a exigir el pago de una tarifa exorbitante para dar el permiso de entierro.

Ante estas injustas exigencias y la imposibilidad para las familias de cubrir los elevados costos, el Sr. Momeni  ha tomado la decisión de enterrar a los bahá’ís fallecidos en el cementerio de Khavaran, sin notificarlo a las familias de los difuntos y violando las prácticas del enterramiento bahá’í.

El cementerio de Khavaran, en Teherán, es el lugar de descanso final de miles de víctimas políticas ejecutadas en la década de 1980 por la República Islámica, que fueron enterradas en una fosa común. 

“Intentar cobrar a los bahá’ís en duelo sumas exorbitantes por utilizar el cementerio de su propiedad, y después enterrar a los difuntos en la fosa común de los años ochenta, es un intento de borrar la memoria de miles de víctimas políticas y de infligir más daño a la perseguida comunidad bahá’í iraní”, declara Dª Mahshid Mahrami, Miembro de la comunidad bahá’í de Canarias.

La situación se agravó cuando, el 1 de mayo, agentes del Ministerio de Inteligencia allanaron los  domicilios de los señores Valiullah Ghadamian, Mansour Amini, y Ataullah Zafar, confiscaron objetos personales, incluidos libros, fotografías y los teléfonos móviles, y los detuvieron.

Los tres señores bahá’ís se dedicaban desde hacía años a la administración del cementerio y a ayudar a las familias en los procedimientos del entierro bahá´í. La ceremonia bahá’í del funeral es sencilla, consiste en la preparación del cuerpo para el sepelio y la lectura de una oración colectiva para ayudar al progreso del alma del fallecido.

“Mi prima Shadi Shahidzadeh, comenta Mahshid Mahrami, fue la cuarta persona detenida. Ella se vio envuelta en esta terrible experiencia cuando intentó dirigirse a los funcionarios para asegurarse de que el cuerpo de su abuela fuera tratado con respeto y de acuerdo con las prácticas funerarias bahá’ís, pero fue arrestada ante la vista de su esposo e hija de cinco años”. 

El 5 de julio de 2023 se conoció el veredicto emitido por la Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán dirigido por el juez Iman Afshari, condenando a la Sra. Shadi Shahidzadeh, el Sr. Mansour Amini, el Sr. Valiollah Ghedamian y el Sr. Ataollah Zafar, a cinco años de prisión cada uno, por el cargo infundado de «pertenencia a grupos y actos ilegales con el fin de perturbar la seguridad del país». 

“¿Qué amenaza representan los muertos que justifique este trato despiadado por parte del gobierno iraní? Necesitamos que el mundo conozca estas injusticias. Los ciudadanos iraníes necesitan saber que no están solos y compartir estos hechos con los medios de comunicación, autoridades y sociedad civil española es la mejor forma de apoyarles”, añadió Mahrami.