Madrid— 21 de diciembre de 2023 — La 36ª resolución aprobada el pasado 19 de diciembre en la sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresa seria preocupación por una amplia gama de violaciones de derechos humanos, incluida la situación de los bahá’ís en Irán y otras minorías religiosas; pide al gobierno iraní que «elimine» todas las formas de discriminación y persecución religiosa.

La resolución, que ya había sido adoptada el mes pasado en el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU, fue refrendada y adoptada con 78 votos a favor, 30 en contra y 68 abstenciones. 

La resolución de las Naciones Unidas expresa seria preocupación por la situación de los bahá’ís en Irán y llama a Irán a «eliminar» todas las formas de discriminación y persecución religiosa.

La resolución “expresa grave preocupación” por una letanía de violaciones de derechos humanos en Irán, incluida la negación de la libertad de religión o de creencias. El punto 27 menciona «en particular» a los bahá’ís, que “han sido objeto de un continuo aumento de la persecución, incluidos ataques, hostigamiento y señalamientos, se enfrentan a crecientes restricciones y persecución sistemática por parte del Gobierno de la República Islámica de Irán a causa de su fe y según los informes, han sido objeto de detenciones masivas y largas penas de prisión, así como la detención de destacados miembros y la creciente confiscación y destrucción de bienes”.

Así mismo se “pide al Gobierno que deje de vigilar a las personas por su identidad religiosa, que libere a todos los creyentes religiosos encarcelados por pertenecer a un grupo religioso minoritario o realizar actividades en su nombre o en nombre de un grupo religioso minoritario, que cese la profanación de cementerios y que garantice a todas las personas el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia, incluida la libertad de tener, cambiar o adoptar una religión o creencia de su elección, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

También se insta al gobierno de Irán a “poner fin a la actual impunidad sistémica para quienes cometen crímenes contra personas pertenecientes a minorías religiosas reconocidas y no reconocidas” y al mismo tiempo abordar acuerdos constitucionales, leyes y prácticas que afianzan la denegación de educación y empleo a los bahá’ís, el cierre de instituciones independientes negocios y comercios, confiscación de propiedades y otras violaciones de derechos.