— Madrid 17 de julio de 2025 — Once Relatores Especiales de las Naciones Unidas, junto con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, enviaron en abril de 2025 una carta de alegación conjunta y sin precedentes al gobierno de Egipto para expresar su profunda preocupación por un patrón persistente de discriminación contra la comunidad bahá’í en ese país.

Los expertos de la ONU —que abordan temas que van desde la libertad de religión hasta la igualdad de género, y que tienen el mandato de velar por el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos— se unieron para condenar la continua discriminación del gobierno egipcio contra los bahá’ís. La Comunidad Internacional Bahá’í (BIC) ya había denunciado anteriormente el grave y duradero impacto que décadas de persecución han tenido sobre esta comunidad en Egipto.

Los expertos independientes instaron a las autoridades egipcias a cumplir con sus obligaciones internacionales, abordando una amplia gama de violaciones de derechos humanos contra los bahá’ís. Egipto rechazó las alegaciones en una carta fechada el 29 de mayo de 2025.

Las tácticas de persecución documentadas

Se resumen en:

• violaciones del derecho a la ciudadanía y la residencia, provocando separaciones forzadas de familias,
• negativa del Estado a registrar matrimonios bahá’ís, lo que acarrea importantes obstáculos legales y civiles,
• negación del derecho fundamental a practicar libremente su fe,
• discriminación en el acceso a la educación, el empleo y los servicios públicos,
• y presiones a otros ciudadanos para cortar lazos con amigos y colegas bahá’ís, profundizando así la marginación social y económica.

Los expertos de la ONU señalaron que estos incidentes “representan un patrón de discriminación continua contra los bahá’ís, cuyo objetivo es marginarlos del espacio público y evitar el pleno disfrute de su libertad de creencia, conciencia o religión”, añadiendo que tales acciones “podrían contradecir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de la República Árabe de Egipto”.

“Estamos agradecidos con los Relatores Especiales y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria por denunciar la persecución continua contra la comunidad bahá’í en Egipto”, declaró la Dra. Saba Haddad, representante de la Comunidad Internacional Bahá’í ante la ONU en Ginebra.

“Resulta especialmente preocupante que, mientras varios países de la región están dando pasos loables para promover la convivencia y una ciudadanía inclusiva, Egipto continúe atacando a los bahá’ís únicamente por sus creencias. Esta realidad contrasta fuertemente con los compromisos declarados de Egipto en favor del pluralismo y los derechos humanos. Instamos a las autoridades egipcias a poner fin a toda forma de persecución contra la comunidad bahá’í y a restituir plenamente todos sus derechos civiles y humanos”.

Rechazo del Gobierno Egipcio

A pesar de los ejemplos detallados de persecución religiosa, el gobierno egipcio respondió que su Constitución establece que “la libertad de creencias es absoluta”, y afirmó estar “plenamente comprometido con sus deberes hacia sus ciudadanos de acuerdo con la Constitución, la legislación nacional y todos los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito”.

En su Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en julio, Egipto desestimó las preocupaciones planteadas por Estados miembros sobre violaciones de la libertad religiosa. No aceptó varias recomendaciones para combatir la discriminación y violencia contra las minorías religiosas, alegando que tales garantías ya están cubiertas por su marco legal vigente.

“La respuesta desdeñosa del gobierno egipcio tanto a las alegaciones de once expertos de la ONU como a las preocupaciones expresadas por otros Estados miembros durante el EPU demuestra que las autoridades egipcias no se preocupan por la realidad vivida por una comunidad religiosa que ha sufrido persecución estatal durante décadas”, dijo la Dra. Haddad.
“Pero el gobierno aún puede rectificar: debe escuchar a los expertos y sus pares internacionales, y restituir los derechos de la comunidad bahá’í”.

Contexto: una intervención clave en defensa de los bahá’ís egipcios

La carta de alegación detalla restricciones severas como la confiscación de propiedades bahá’ís —incluidos cementerios— y la negativa del Estado a conceder terrenos para nuevos entierros. Aunque el gobierno alegó que regula el uso de cementerios sin distinción religiosa, autoridades religiosas como Al-Azhar emitieron una fatwa indicando que no es permisible asignar terrenos para quienes tienen un guion (–) en su identificación, lo que en Egipto señala religiones no reconocidas oficialmente, como el caso de los bahá’ís.

La carta también denunció el uso obligatorio del símbolo guion (–) en la casilla de religión en las tarjetas de identidad para los bahá’ís, lo que actúa como un instrumento sistemático de exclusión. Esto impide el acceso a empleo, educación, atención médica y otros servicios esenciales. Además, se ha registrado un aumento de la vigilancia y el hostigamiento, incluidas listas de vigilancia en aeropuertos y el cierre forzoso de proyectos sociales y humanitarios. Amigos y colegas de bahá’ís también han sido presionados por agentes de seguridad para romper relaciones, profundizando el aislamiento de la comunidad.

Obstáculos legales impiden el registro de matrimonios bahá’ís, lo que genera una cadena de violaciones civiles: riesgos de apatridia, pérdida de herencia, negación de certificados de nacimiento, pérdida de derechos de residencia y ciudadanía, y acceso limitado a servicios básicos. En muchos casos, mujeres y niños no pueden acceder a beneficios como seguro médico o herencia.

El gobierno egipcio desestimó estas alegaciones, insistiendo en que su sistema jurídico respeta la neutralidad ciudadana, y que no existen disposiciones legales que impidan a los hijos de bahá’ís adquirir nacionalidad o acceder a servicios.

Detención arbitraria

La carta también expresó preocupación por el caso de Omid Seioshanseian, ciudadano turco y alto representante bahá’í, detenido en diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de El Cairo. Fue esposado, vendado y maltratado físicamente por agentes de la Agencia de Seguridad del Estado, y se le dijo que la Fe bahá’í es ilegal en Egipto y que su reunión con bahá’ís violaba la ley. Las autoridades egipcias negaron cualquier práctica de detención arbitraria y aseguraron adherirse a las garantías de juicio justo conforme a estándares internacionales.

Los seis Relatores Especiales y cinco expertos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria están designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para informar sobre la situación de derechos específicos. Estos expertos —cuyos mandatos incluyen la libertad religiosa y el derecho a la educación— han urgido al gobierno egipcio a responder sustantivamente y tomar medidas inmediatas para proteger plenamente los derechos de la comunidad bahá’í, conforme al derecho internacional.