Madrid— 21 de octubre de 2025 — Tres funcionarios judiciales de la provincia de Isfahán, Irán, han emitido órdenes de incautación contra varios baháʼís nativos de esa región, quienes enfrentan la pérdida inminente y catastrófica de sus bienes productivos, entre ellos una explotación de pistachos.
Los funcionarios responsables son el presidente del Tribunal de Isfahán, Asadollah Jafari, el juez Morteza Barati y Mehdi Bagheri, todos ellos con antecedentes de declaraciones contrarias a los Baháʼís. Dos de ellos se encuentran sancionados por la Unión Europea por violaciones de derechos humanos.
Robo dirigido por el Estado
“Arrebatar a los ciudadanos los medios de vida por los que han trabajado durante décadas, únicamente por su fe, es, en términos claros, un robo dirigido por el Estado”, declaró Simin Fahandej, representante de la Comunidad Internacional Baháʼí (BIC) ante las Naciones Unidas en Ginebra.
“Que un gobierno se permita quitar ilegalmente los medios de sustento a personas por motivo de su fe es, en esencia, robarles. A esto se suman las presiones económicas que enfrentan todos los iraníes, lo que convierte esta situación en un intento deliberado de estrangular y empobrecer a toda la comunidad Baháʼí, dejándola sin siquiera las necesidades básicas para vivir.”
El poder judicial de Isfahán ha invocado el Artículo 49 de la Constitución iraní —que otorga al Estado la facultad de confiscar bienes obtenidos por medios ilícitos— para apropiarse de propiedades legítimas y productivas sin pruebas ni debido proceso, una grave distorsión de la ley. En agosto, la Comunidad Bahá’í Internacional informó que más de 20 Baháʼís de Isfahán se encuentran amenazados con perder todos sus bienes de la misma forma.
Una campaña sistemática de persecución
El uso del Artículo 49 por parte del poder judicial de Isfahán expone una campaña sistemática para perseguir a la comunidad bahá’ís mediante la desposesión y la presión económica.
Las recientes confiscaciones fueron ordenadas por el juez Morteza Barati, del Tribunal Revolucionario de Isfahán, sancionado por la Unión Europea por su implicación en abusos de derechos humanos. Barati ha llegado a declarar su intención de “despojar a todos los Baháʼís de Isfahán de sus pertenencias” y amenazó: “Si se convoca el tribunal del Artículo 49, arruinaremos tu vida.”
Otro funcionario judicial, Mehdi Bagheri, también está implicado. Durante meses ha impedido que varios bahá’ís presenten apelaciones, negándoles acceso al presidente del Tribunal Supremo de Isfahán.
Bagheri ha reiterado declaraciones de odio, afirmando que “la secta bahá’ís perversa proviene de Gran Bretaña y del sionismo”, afirmaciones absurdas que forman parte del discurso de odio promovido durante décadas por la República Islámica. También sostuvo que “no hay justificación para que los bahá’ís tengan reuniones presenciales con el presidente del Tribunal Supremo.”
El presidente del Tribunal de Isfahán, Asadollah Jafari, también figura en la lista de sancionados por la Unión Europea por violaciones de derechos humanos, lo que reduce significativamente la posibilidad de justicia en estos casos de confiscación.
Este comportamiento refleja una cultura de impunidad y autonomía judicial promovida por el liderazgo de la República Islámica, que tolera e impulsa acciones extremas de persecución contra los bahá’ís sin que nadie rinda cuentas.
Falta de transparencia y canalización al Estado
La Comunidad Bahá’í Internacional entiende que los bahá’ís de Isfahán están utilizando todos los recursos legales disponibles para revertir las confiscaciones, y que las oficinas del presidente, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial de Irán han declarado que investigarán las irregularidades.
Sin embargo, persisten graves preocupaciones sobre un proceso arbitrario y opaco, sin el debido proceso legal, en el que incluso los abogados de los bahá´ís no pueden acceder a los expedientes ni a la información judicial.
Las confiscaciones bajo el Artículo 49 son ejecutadas por una rama especial del Tribunal Revolucionario, dependiente de la Sede Ejecutiva de la Orden del Imán Jomeini (EIKO o Setad), responsable de identificar y confiscar bienes supuestamente adquiridos de manera ilícita y devolverlos a sus propietarios. Cuando no se identifica propietario, los bienes pasan al Estado y se ponen a disposición del Líder Supremo a través del EIKO, lo que implica que los bienes confiscados a los bahá’ís terminan bajo control directo del Líder Supremo.
Condenas severas y nuevas formas de persecución
El mismo poder judicial de Isfahán ha emitido recientemente condenas crueles y desproporcionadas fuera de los casos del Artículo 49, entre ellas 90 años de prisión para diez mujeres bahá’ís.
“Las autoridades iraníes han dejado claro que su única justificación para perseguir a los bahá’ís —desde arrestos y encarcelamientos hasta el empobrecimiento económico— ha sido su fe, y nada más”, señaló Simin Fahandej, representante de la BIC en Ginebra.
Sigue diciendo “sus verdaderas intenciones son evidentes para el mundo, y la historia dictará su veredicto sobre la crueldad infligida a la comunidad bahá’í iraní. Pero es ahora cuando estos actos deben cesar. Los bahá’ís deben poder vivir y trabajar como ciudadanos iguales. El gobierno de Irán, responsable del bienestar de todos sus ciudadanos, debe garantizar que sus vidas y bienes sean protegidos y que los activos injustamente confiscados sean devueltos.”
Contexto
La Comunidad Internacional Bahá’í ha decidido no divulgar los nombres de los bahá’ís afectados ni los detalles de las propiedades confiscadas, para proteger su seguridad mientras apelan las órdenes de incautación.