—  Madrid 31 de agosto de 2026 — La Comunidad Internacional Bahá’í (BIC) ha denunciado  una brutal oleada de «robo estatal a plena luz del día» en Irán. Agentes del régimen irrumpieron simultáneamente en viviendas de siete provincias, ejecutando detenciones y confiscaciones masivas sin orden judicial. La ofensiva, dirigida exclusivamente contra miembros de esta minoría religiosa pacífica, ha dejado a miles de familias despojadas de sus ahorros, vehículos, instrumentos musicales y enseres domésticos básicos, en un intento sistemático por asfixiar económicamente a la comunidad.

Redadas violentas: La nueva oleada de persecución religiosa en Irán

Escalando los muros de viviendas familiares, deteniendo a padres ante la mirada de su hijo de dos años, llevándose instrumentos musicales y rompiendo macetas y sacos de arroz para registrarlos, sin orden judicial, acusación ni explicación, agentes del Gobierno iraní irrumpieron en hogares bahá’ís y robaron sus pertenencias personales en siete provincias.

En algunos casos, hasta 14 agentes, cinco vehículos y un representante de la Fiscalía llegaron a la vivienda de una sola mujer para detenerla. La razón que se dio a cada una de estas personas fue tan brutal como clara: «Usted es bahá’í».

Confiscaciones arbitrarias en menos de una semana

Entre el 22 y el 25 de agosto, en el transcurso de menos de una semana, las autoridades iraníes convirtieron hogares y lugares de trabajo de bahá’ís de todo el país en escenarios de detenciones y confiscaciones.

Los agentes se apoderaron de automóviles, joyas personales, dinero en efectivo, ordenadores, equipos profesionales, instrumentos musicales, enseres domésticos e incluso los juguetes de los niños. En uno de los casos, metieron las pertenencias de una familia en las propias maletas de las víctimas y se las llevaron.

Detenciones sin orden judicial y cierres de empresas

Once personas fueron detenidas mientras sus familias observaban cómo los agentes se llevaban sus pertenencias. En una de las numerosas redadas, los agentes se llevaron el automóvil de una familia junto con objetos de valor de la vivienda y herramientas del lugar de trabajo.

En otra intervención, confiscaron instrumentos musicales y maquinaria antes de proceder a precintar la empresa de la familia. Las confiscaciones y detenciones se llevaron a cabo sin orden judicial alguna. No se trata de registros comunes: son operaciones mediante las cuales el Estado despoja ilegalmente a las personas de sus bienes, sus medios de subsistencia y su seguridad económica.

Robo del Estado a plena luz del día

«Esto es un robo estatal a plena luz del día: robar las pertenencias personales de las personas en nombre del Gobierno», declaró Simin Fahandej, representante de la Comunidad Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas en Ginebra.

«El mero hecho de que sea un Gobierno el que entre en tu casa y confisque tus joyas, tus anillos de boda y otras pertenencias personales, o se lleve tu automóvil, no hace que sea legal. El Gobierno iraní lleva casi cinco décadas robando pertenencias a los bahá’ís en nombre del Estado, pero para su propio uso. Intensificar ahora este robo, en un contexto económico ya difícil, no es sino un intento de arruinar económicamente a los bahá’ís. El robo debe cesar ahora», añadió Fahandej.

En Isfahán: ensañamiento contra una familia

Además del saqueo y el robo de pertenencias personales, 11 personas fueron detenidas o encarceladas, entre ellas algunas que habían sido citadas para cumplir condenas que ya les habían sido impuestas. Esta última oleada de detenciones y redadas forma parte de una campaña de persecución que se ha duplicado durante el último año, arrastrando a miles de familias en todo Irán.

En los recientes incidentes ocurridos en Isfahán, más de 20 agentes vestidos de civil se presentaron simultáneamente en las viviendas de tres miembros de la familia Tebyanifard. Los efectivos registraron las casas y profirieron amenazas físicas y violentas en presencia de un niño de dos años.

Criminalización del sustento familiar

Agentes armados conectaron los teléfonos de la familia a ordenadores en el lugar y transfirieron todos sus datos, antes de confiscar ordenadores portátiles, dinero en efectivo, joyas, una cámara profesional y una valiosa colección de instrumentos musicales hechos a mano, entre ellos un piano, un violín, un setar, un violonchelo, un kamancheh, una guitarra y un clarinete. Después, precintaron la tienda de instrumentos musicales de la familia.

El caso es emblemático de lo absurdo de esta persecución: se confiscan instrumentos sin el menor indicio de legalidad, y el medio de subsistencia de una familia corriente queda destruido y criminalizado únicamente porque sus miembros pertenecen a la fe bahá’í.

Consecuencias económicas devastadoras y falta de recursos legales

«El uso del poder del Estado para despojar a las familias bahá’ís de sus bienes es especialmente grave porque las mismas autoridades que confiscan las propiedades controlan también los tribunales, los organismos de seguridad y los mecanismos que deciden sobre la restitución de esos propiedades», declaró la Sra. Fahandej. «Los bahá’ís, que ya han sido privados de sus derechos civiles y sociales básicos, disponen de muy pocos recursos efectivos».

El impacto financiero de estas medidas incluye:

• Exclusión educativa y laboral: Los bahá’ís tienen prohibido acceder a la educación universitaria y están excluidos del empleo en el sector público.
• Destrucción del patrimonio: El Estado desmantela los modestos medios de subsistencia que las familias han tardado décadas en construir; años de trabajo desaparecen en una sola redada
• Desprotección familiar: El daño se extiende a cónyuges, hijos y padres ancianos dependientes, dejando a los hogares paralizados financieramente y sin vías de reconstrucción.

El artículo 49 y el uso de la estructura estatal para la expropiación

Las confiscaciones son la manifestación más reciente de una política de persecución económica que se remonta a la revolución de 1979. Desde entonces, las autoridades iraníes han confiscado sistemáticamente viviendas, tierras agrícolas y negocios pertenecientes a los bahá’ís, utilizando los tribunales para despojar a una comunidad religiosa que el Estado se niega a reconocer.

En los últimos años, las autoridades han invocado cada vez más el artículo 49 de la Constitución de Irán. Esta disposición, diseñada originalmente para permitir al Estado recuperar riquezas ilícitas, es utilizada bajo pretextos imprecisos para confiscar viviendas, tierras, vehículos y cuentas bancarias legítimas de los bahá’ís.

El rol de la entidad del Líder Supremo (EIKO)

Nunca se ha presentado la menor prueba ni fundamento jurídico para estas agresiones. Las propiedades incautadas mediante el artículo 49 son transferidas a través de la Ejecución de la Orden del Imán Jomeiní (EIKO, o Setad), una entidad bajo la autoridad directa del Líder Supremo de Irán.

Durante las últimas cuatro décadas, miles de inmuebles bahá’ís han sido expropiados. Las víctimas han recurrido reiteradamente a las vías legales sin obtener resultados, viéndose obligadas a reclamar la restitución de sus propiedades ante las mismas instituciones estatales responsables de su robo.

Llamado internacional: Un freno urgente a los abusos del Gobierno iraní

«La Comunidad Internacional Bahá’í insta al Gobierno iraní a poner fin al uso indebido de la autoridad estatal para apoderarse de las pertenencias, propiedades y medios de subsistencia de los bahá’ís. Estas prácticas vergonzosas, que se llevan a cabo desde hace décadas, deben cesar», concluyó la Sra. Fahandej.

El organismo internacional recuerda que el Gobierno de Irán debe, en cambio, cumplir con su más sagrado deber: proteger a todos sus ciudadanos, defender sus derechos humanos y salvaguardar la inviolabilidad de sus hogares y propiedades.