-Madrid, 25 de abril de 2022-. La Comunidad Internacional Bahá’í acoge con satisfacción una declaración de la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencias que señala «con grave preocupación el aumento del patrón de represión y discriminación contra los miembros de la comunidad bahá’í».

La Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencias (IRFBA) es una red de países con ideas afines que se basan en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene libertad para creer o no creer, para cambiar de fe, para reunirse a solas para orar o en grupo para rendir culto, para promover la libertad de religión o de creencias en todo el mundo.

Las declaraciones de la IRFBA no mencionan países concretos. Pero de los ejemplos citados se desprende que la declaración se refiere a la persecución de los bahá’ís en Irán y Yemen y a la discriminación de los bahá’ís en Qatar. El origen de la orquestación de la persecución o discriminación en todos estos casos es el gobierno de la República Islámica de Irán. 

La declaración, fue emitida en vísperas de la festividad de Ridván, el período más sagrado del calendario bahá’í. Es la primera vez que la IRFBA interviene directamente sobre los retos a los que se enfrentan las comunidades bahá’ís en un pequeño número de países como consecuencia de los prejuicios religiosos.

«Defendemos el derecho de todos los bahá’ís a la libertad de religión o creencia, a practicar su religión y a asociarse como miembros de esa comunidad sin acoso, discriminación, miedo o persecución», añade la declaración.

Australia, Brasil, Dinamarca, Estonia, Israel, Kosovo, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos firmaron la declaración.

Treinta y cinco países son miembros de la IRFBA, y otros cuatro están adheridos como observadores, al igual que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias.

Existe un «patrón de represión y discriminación contra los bahá’ís que incluye medidas para restringir la vida educativa, económica y cultural de los bahá’ís; impedir que los bahá’ís se dediquen a ciertas ocupaciones y a «empresas rentables»; confiscar sus propiedades, y expulsar de las universidades a los estudiantes que se descubra que son bahá’ís», dijo la IRFBA en su declaración. «Las autoridades detienen rutinariamente a los bahá’ís, allanan sus casas y confiscan sus pertenencias personales sin motivo. Las autoridades también detienen arbitrariamente a los bahá’ís con cargos espurios y les niegan la protección legal, incluido el acceso a la representación legal. Los bahá’ís se han enfrentado a largos retrasos antes de ser juzgados o a juicios sumarios en los que se les encarcela por sus creencias y se enfrentan a continuos abusos, incluidas las acusaciones de tortura.»

En los pocos países en los que el derecho de familia se basa en la religión, añadió el IRFBA, y en los que la Fe bahá’í no está reconocida por las autoridades nacionales, los bahá’ís se quedan sin «ningún recurso legal» en cuestiones de matrimonio, divorcio y derechos de herencia. «Esta exclusión también puede privarles de la posibilidad de enterrar a sus muertos con dignidad, de acuerdo con las prácticas bahá’ís», señala el comunicado.

Los altos representantes de los gobiernos se reúnen a través de la red IRFBA para debatir las acciones que sus naciones pueden llevar a cabo conjuntamente para defender la libertad de religión o creencia para todos y también para proteger a los miembros de los grupos religiosos minoritarios.

La declaración también enumeraba 10 acciones, para aquellos países en los que la Fe bahá’í no está reconocida, puedan «permitir el disfrute en igualdad de condiciones de los derechos humanos por parte de los bahá’ís». Las acciones abarcan los medios de subsistencia y los derechos de propiedad, las prácticas de entierro, la educación universitaria, los derechos al debido proceso y las leyes sobre el derecho civil, las deportaciones y las listas negras. También se instó a estos mismos Estados a no criminalizar las creencias y prácticas bahá’ís, ni a señalar  a sus creyentes como objeto de políticas discriminatorias y persecución.